Hacer una diferencia en las vidas de los inmigrantes y de otros que envían dinero al extranjero

Nota editorial: Esto fue publicado originalmente en el blog de CFPB

Durante mis años de servicio público, he conocido a mucha gente sumamente trabajadora que envía regularmente transferencias, o remesas, de dinero a los miembros de su familia y otros en el extranjero.  Las remesas enviadas de EE.UU. a otras partes del mundo ascienden a decenas de miles de millones de dólares cada año.

Los que envían las remesas constituyen un grupo diverso que abarca todos los diferentes niveles de ingreso.  Sabemos que algunos que envían remesas trabajan en los empleos con los salarios más bajos durante el mayor número de horas.  Para ellos, cada dólar cuenta; para sus familias en el extranjero, cada uno de esos dólares tiene aun más importancia.  Los que envían remesas también incluyen a consumidores que pagan facturas en el extranjero, y madres y padres que les envían fondos a sus hijos que estudian en el extranjero o a miembros de su familia que están de viaje.

Los que envían remesas no siempre han podido obtener una información completa sobre sus transacciones, incluyendo el monto que se recibirá en el otro país.  Si se cometiera un error, había incertidumbre para los consumidores sobre cómo se solucionaría el error, si es que se solucionaba.  Ha habido muy pocas protecciones federales al consumidor para los que envían remesas.

Con una orden del Congreso mediante la Ley Dodd-Frank, CFPB ya ha cambiado eso.  Hemos adoptado nuevas reglas que entrarán en vigor en febrero de 2013. Dichas reglas harán que los costos de las remesas queden claros y harán responsables de los errores a los proveedores de transferencia de las remesas y sus agentes.

He aquí cómo:

Mejores revelaciones: Con esta regla, los proveedores de transferencia de remesas generalmente tienen que revelar la tasa de cambio, los cargos asociados con la remesa, el monto que se entregará en el extranjero, y la fecha en que estará disponible el dinero.  Tienen que proveerse ciertas revelaciones tanto antes como después que el consumidor pague por la transferencia de una remesa.  Los consumidores recibirán dichas revelaciones en inglés y a veces en otros idiomas.  Creemos que la claridad que puede lograrse de esas revelaciones informará las decisiones de los consumidores e inspirará confianza.

Opción a cancelar: Característicamente, los consumidores tendrán al menos 30 minutos después de pagar para cancelar una remesa.  Si cancelan dentro del período de 30 minutos, obtendrán el reembolso de su dinero, ya sea que hayan cometido un error, hayan cambiado de idea, o crean que algo no esté bien.

Corrección de errores: Con esta regla, los proveedores de transferencias de dinero generalmente serán los responsables de los errores.  Si alguien que envíe una remesa reporta un problema con una transferencia dentro de un período de 180 días, el proveedor generalmente tiene que investigar y corregir los errores que hayan ocurrido.  Las compañías que proveen transferencias de remesas también pueden ser responsables de los errores cometidos por sus agentes.  Creemos que esto instará a los proveedores de transferencias de remesas a usar sólo agentes y socios de confianza en EE.UU. y en el extranjero, eliminando así a los impostores.

Estoy orgulloso de que la regla sobre las remesas sea la primera reglamentación sustantiva adoptada bajo mi mandato como Director del CFPB. También reconozco a quiénes se les debe mucho del crédito: a los esfuerzos de los consumidores y sus defensores, incluyendo a los abogados de los agricultores que abogaron tenazmente hace más de 15 años por las protecciones básicas a los consumidores para sus clientes; y a los miembros del Congreso que consideraron oportuno incluir esas protecciones en la Ley Dodd-Frank. Me siento satisfecho del papel que ha podido desempeñar CFPB en conseguirles nuevas protecciones a los consumidores que envían dinero a los miembros de su familia, a sus seres queridos, y a otros destinatarios en el extranjero.

Richard Cordray es el Director de la Agencia de Protección Financiera al Consumidor de EE.UU.