Arreglar nuestro sistema de inmigración: Los beneficios económicos de proveer un camino a la ciudadanía ganada

El día de hoy, la Casa Blanca dio a conocer un informe en el que detalla los beneficios económicos de proveer un camino a la ciudadanía ganada para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan actualmente en la economía informal de los Estados Unidos. Como se destaca en el informe, una amplia gama de estudios económicos muestra que los inmigrantes que viven y trabajan en los Estados Unidos sin tener autorización para hacerlo están ganando mucho menos que su potencial, están pagando bastante menos en impuestos y están contribuyendo significativamente menos a la economía de EE.UU. de lo que lo harían si se les diera la oportunidad de lograr estatus legal y ganarse la ciudadanía estadounidense. De acuerdo con cálculos externos, otorgarles la ciudadanía ganada a estos trabajadores aumentaría sus salarios y, en 10 años, elevaría el PIB de EE.UU. en $1.4 billones, incrementaría el ingreso total de las personas que viven en los Estados Unidos en $791 mil millones, generaría $184 mil millones en ingresos tributarios estatales y federales adicionales de los inmigrantes que en la actualidad están indocumentados y añadiría alrededor de 2 millones de puestos de trabajo a la economía estadounidense.

Una sólida mayoría de las personas que viven en los Estados Unidos de diversos estados e historiales políticos respaldan un camino a la ciudadanía ganada. Sin embargo, algunos en el Congreso han sugerido que la reforma migratoria solamente debiera proveer estatus legal, sin ninguna oportunidad de obtener su vía a la ciudadanía para aquellos que están entrando a la legalidad. Este enfoque de “solamente legalización” viola un principio básico de nuestro país: que cualquier persona, sin importar de dónde proviene, puede convertirse en ciudadano estadounidense si está dispuesto a trabajar para lograrlo y asumir las responsabilidades de la ciudadanía. No podemos darnos el lujo de tener un sistema que crea un grupo que nunca podrá convertirse en estadounidense pleno, negándole derechos equitativos a las personas que pagan los mismos impuestos y siguen las mismas reglas aun después de que hayan pagado una sanción y hayan entrado a la legalidad.

Y además de esto, los estudios muestran los significativos costos económicos − en términos de la pérdida de crecimiento, ingresos, ingresos fiscales y puestos de trabajo – asociados con no proveer un camino a la ciudadanía ganada para estas familias. En comparación con los beneficios de la ciudadanía, el proveer solamente estatus legal a los trabajadores que actualmente están indocumentados, en un lapso de 10 años, resultaría en $568 mil millones menos de BIP y $321 mil millones menos de ingreso total. Conforme a cálculos externos, se crearía un estimado de 820,000 menos puestos de trabajo y los gobiernos federal y estatal perderían $75 mil millones en ingresos fiscales adicionales.

Existen probablemente un gran número de factores que explican por qué la ciudadanía proporciona beneficios salariales y económicos aun más grandes que solamente la legalización, entre ellos: puestos de trabajo y licencias para los que son elegibles solamente si son ciudadanos; puestos de trabajo que exigen viajar, que a menudo es más fácil para los que tienen pasaporte estadounidense; y la ciudadanía que sirve como una señal ante los empleadores de que una persona tiene la intención de quedarse en los EE. UU.

No obstante, el mayor factor puede ser el menos tangible: la mayor certeza que acompaña a la ciudadanía conlleva a una mayor inversión, por ejemplo, en educación y capacitación o una mayor inclinación a tomar el riesgo de empezar un negocio.

La Ley de Seguridad de la Frontera, la Oportunidad Económica y Modernización de Inmigración (S. 744) bipartidista aprobada por el Senado representa una oportunidad para que nuestro país finalmente arregle su sistema de inmigración que no funciona. Esta legislación de sentido común, redactada y respaldada tanto por demócratas como republicanos, consiste de cuatro pilares: (1) continuar fortaleciendo nuestras fronteras; (2) tomar medidas enérgicas contra las compañías que contratan trabajadores indocumentados; (3) responsabilizar a los inmigrantes indocumentados antes de que puedan merecerse la ciudadanía exigiéndoles que pasen investigaciones de antecedentes, paguen sanciones y sus impuestos, aprendan inglés y que se vayan al fondo de la cola; y (4) agilizar el sistema migratorio legal para las familias, los trabajadores y los empleadores.

Economistas, líderes empresariales y los trabajadores que viven en los Estados Unidos están de acuerdo – debemos aprovechar esta oportunidad histórica para arreglar nuestro sistema de inmigración que no funciona de manera integral. Para tal fin, el Presidente urge a la Cámara de Representantes que tome acción y está dispuesto a trabajar con ambos partidos para asegurar que la reforma migratoria de sentido común con un camino merecido hacia la ciudadanía se haga realidad lo más pronto posible.