La Constitución
¿Para qué una constitución?
La necesidad de contar con una Constitución surgió de los problemas con los Artículos de la Confederación, los cuales establecían una “firme alianza de amistad” entre los estados y le otorgaban la mayor parte del poder al Congreso de la Confederación. No obstante, este poder era extremadamente limitado—el gobierno central era quien llevaba a cabo la diplomacia y declaraba la guerra, establecía los pesos y las medidas y era el arbitrador decisivo de las disputas entre los estados. Vale la pena resaltar que el gobierno central no podía recaudar fondos por sí mismo y dependía completamente de los estados para obtener el dinero necesario para ejercer sus operaciones. Cada estado enviaba una delegación al Congreso de entre dos a siete miembros que votaban como bloque, otorgando un voto por estado. No obstante, cualquier decisión importante requería un voto unánime, lo que resultaba en un gobierno que se paralizaba y era infructuoso.
De esta manera, se inició un movimiento para realizar reformas a los Artículos y, en 1787 se enviaron invitaciones a las legislaturas estatales para asistir a una convención en Filadelfia con el fin de discutir los cambios a los Artículos. En mayo del mismo año, los delegados de 12 de los 13 Estados (Rhode Island no envió representantes) se reunieron en Filadelfia con el fin de comenzar el trabajo para rediseñar el gobierno. Los delegados de la Convención Constitucional empezaron a trabajar rápidamente en un borrador para la nueva Constitución de los Estados Unidos.
La Convención Constitucional
Uno de los objetivos principales de la Constitución, tal como se redactó en el borrador de la Convención, era crear un gobierno que tuviera suficiente poder para actuar a nivel nacional, pero sin tanto poder que los derechos fundamentales estuvieran en riesgo. Una de las maneras en que esto se consiguió fue separar el poder del gobierno en tres ramas e implementar controles y contrapesos a estos poderes con el fin de garantizar que ninguna rama del gobierno adquiriera un dominio sobre las otras. Esta inquietud surgió principalmente de la experiencia que los delegados tenían con el rey de Inglaterra y su poderoso Parlamento. La Constitución enumera los poderes de cada rama; los poderes que no son asignados a estas ramas son reservados para cada estado.
Gran parte del debate, que fue llevado a cabo en secreto con el fin de asegurarse de que los delegados pudieran decir lo que pensaban, se centró en la forma que la nueva legislación iba a tomar. Dos planes compitieron con el objetivo de convertirse en el nuevo gobierno: el Plan de Virginia, que distribuía la representación dependiendo de la población de cada estado y el plan de Nueva Jersey, que otorgaba a cada estado un voto igualitario en el Congreso. El Plan de Virginia fue respaldado por los estados más grandes y el de Nueva Jersey fue la opción preferida por los estados más pequeños. Al final, se decidieron por el Gran Compromiso (llamado en ocasiones el Compromiso de Connecticut), en el que la Cámara de Representantes representaría a las personas según la población de cada estado; en el Senado, cada estado tendría el mismo poder de representación; y el presidente sería elegido por el Colegio Electoral. El plan también requería un sistema judicial independiente.
Los fundadores también se dieron a la ardua tarea de establecer la relación entre los estados. Se le exige a cada estado que dé “fe y mérito total” a las leyes, registros, contratos y procedimientos legales de los demás estados, aunque el Congreso pueda regular la manera en que los estados comparten sus registros y definir el alcance de esta cláusula. Se prohíbe a los estados discriminar a los ciudadanos de otros estados bajo cualquier motivo, al igual que imponer aranceles entre sí. Los estados también tienen la obligación de extraditar a otros estados a aquellas personas acusadas de algún delito para ser juzgadas.
Los fundadores también especificaron un proceso mediante el cual la Constitución puede ser enmendada; desde su ratificación, se le han efectuado 27 enmiendas. Con el objetivo de prevenir cambios arbitrarios, el proceso para efectuar enmiendas es bastante complejo. Una enmienda puede ser propuesta por dos tercios de ambas Cámaras del Congreso; o si dos tercios de los estados solicitan una enmienda por medio de una convención realizada para ese propósito. La enmienda debe ser ratificada por tres cuartos de las legislaturas estatales, o por tres cuartos de las convenciones convocadas en cada estado para su ratificación. En la época actual, se ha especificado tradicionalmente un periodo en el que se debe llevar a cabo este proceso para efectuar las enmiendas, usualmente un periodo de varios años. Adicionalmente, la Constitución especifica que ninguna enmienda puede denegarle a un estado una participación igualitaria en el Senado sin el consentimiento de dicho estado.
Una vez se decidieron el lenguaje y los detalles de la Constitución, la Convención empezó a realizar el trabajo de redactarla en papel. La Constitución está escrita a mano por el delegado de Pensilvania, Gouverneur Morris, cuyo cargo le daba la autoridad de definir la puntuación en algunas de las cláusulas de la Constitución. También se le atribuye a Gouverneur Morris el famoso preámbulo, escrito en la parte superior de la página. El 17 de septiembre de 1787, 39 de los 55 delegados firmaron el nuevo documento. Muchos de los que se rehusaron a firmar se oponían a la falta de una carta de derechos. Al menos un delegado se rehusó a firmar debido a que la Constitución codificaba y protegía la esclavitud y el comercio de esclavos.
Ratificación
El proceso presentado en la Constitución para su ratificación dio lugar a una gran cantidad de debate popular en los estados. La Constitución tomaría efecto una vez ratificada por nueve de las trece legislaturas estatales, no se requería que hubiese unanimidad. Durante el debate sobre la Constitución surgieron dos facciones: los federalistas, quienes apoyaban la implementación, y los antifederalistas, quienes se oponían.
James Madison, Alexander Hamilton y John Jay presentaron una elocuente defensa de la nueva Constitución conocida más adelante como los Artículos Federalistas. Publicados anónimamente en los periódicos The Independent Journal y The New York Packet bajo el seudónimo Publius entre octubre de 1787 y agosto de 1788, los 85 artículos que componen los Artículos Federalistas se consideran en la actualidad un recurso invaluable para entender algunas de las intenciones de los legisladores al apoyar la Constitución. Los artículos más famosos son el número 10, el cual advierte de los peligros del surgimiento de facciones y promueve una república unificada, y el número 51, que explica la estructura de la Constitución, sus controles y contrapesos y cómo protege los derechos del pueblo.
Los estados procedieron a iniciar la ratificación, con algunos aún debatiendo con mayor intensidad que otros. El 7 de diciembre de 1787, Delaware se convirtió en el primer estado en ratificar. Después de que Nuevo Hampshire se convirtiera en el noveno estado en ratificar el 22 de junio de 1788, el Congreso de la Confederación estableció el 9 de marzo de 1789 como la fecha en que la Constitución empezaría a regir. Para ese momento, todos los estados con excepción de Carolina del Norte y Rhode Island habían ratificado—el 29 de mayo de 1790, el estado oceánico ratificó, siendo el último estado en hacerlo.
La Carta de Derechos
Uno de los puntos principales de controversia entre los federalistas y los antifederalistas era la falta de una lista de los derechos civiles básicos en la Constitución. Muchos federalistas argumentaron, como en el artículo número 84 de los Artículos Federalistas, que las personas no renunciaban a ningún derecho al adoptar la Constitución. Sin embargo, en muchos estados el debate en cuanto a la ratificación giró en torno a la adopción de una carta de derechos. La solución se conoció como el Compromiso de Massachusetts, en el que cuatro estados ratificaron la Constitución pero al tiempo enviaron recomendaciones de enmiendas al Congreso.
James Madison presentó 12 enmiendas al primer Congreso en 1789. Diez de esas enmiendas se implementarían en lo que ahora conocemos como la Carta de Derechos. Una nunca pasó; y la otra, que abordaba los salarios de los congresistas, no se ratificó hasta 1992, momento en el cual se convirtió en la enmienda 27. Basada en la Declaración de Derechos de Virginia, en la Carta de Derechos Inglesa, en publicaciones de la época de la Ilustración, y en los derechos definidos en la Carta Magna, la Carta de Derechos contiene los que hoy muchos consideran derechos fundamentales de los Estados Unidos.
La primera enmienda garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.
La segunda enmienda les otorga a los ciudadanos el derecho de portar armas.
La tercera enmienda le prohíbe al gobierno alojar soldados en hogares privados, una de las mayores quejas durante la Revolución Estadounidense.
La cuarta enmienda protege a los ciudadanos de un registro y allanamiento poco razonable. El gobierno no puede llevar a cabo registros sin una orden, y estas órdenes deben ser decretadas por un juez y fundamentadas en una causa probable.
La quinta enmienda prohíbe que los ciudadanos estén sujetos a persecución y castigo penal sin la existencia de un debido proceso. Un ciudadano no puede ser llevado a juicio dos veces por los mismos hechos y es protegido de la autoincriminación (el derecho a permanecer en silencio). Esta enmienda también establece el poder de la expropiación y se asegura de que la propiedad privada no sea incautada para fines públicos sin una compensación justa.
La sexta enmienda asegura el derecho de contar con un juicio expedito con un jurado conformado por otros ciudadanos, ser informado de los crímenes de los que se es acusado, y a confrontar a los testigos presentados por el gobierno. Esta enmienda también les otorga a los acusados el derecho a exigirles a los testigos presentar un testimonio, al igual que el derecho de contar con representación legal.
La séptima enmienda garantiza que los casos civiles conserven el derecho de tener un juicio ante un jurado.
La octava enmienda prohíbe las fianzas y multas excesivas y los castigos crueles e inusuales.
La novena enmienda declara que la lista de los derechos enumerados en la Constitución no es exhaustiva y que el pueblo retiene los derechos que no son enumerados.
La décima enmienda asigna todos los poderes no conferidos a los Estados Unidos, o prohibidos a los estados, a los estados o al pueblo.
