“La clara necesidad de la reforma de inmigración”

Hoy, la Secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano ofreció una conferencia en el Centro para el Progreso Estadounidense en Washington, donde habló sobre le necesidad de una reforma migratoria y los cambios que ya han ido ocurriendo bajo el Gobierno del Presidente Obama.

La Secretaria destacó que para poder proteger a la nación velando por el cumplimiento de la ley y manejando el tránsito legal a través de la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional “necesita la reforma de inmigración”.

A continuación ponemos a su disposición una versión preparada de las declaraciones de la Secretaria Napolitano sobre la reforma migratoria.

Gracias a John Podesta por la cálida presentación. John es un amigo mío, y admiro el trabajo que ha realizado para el Center for American Progress (CAP) a fin de fomentar el debate nacional con respecto a varios asuntos importantes.

John y yo hemos trabajado juntos mucho, y estoy deseosa de continuar haciéndolo.

No es ninguna noticia que éstos son tiempos difíciles. Desde nuestro primer día en el cargo, este nuevo gobierno se vio en la necesidad de hacerle frente a la más profunda y peligrosa crisis económica y financiera que hemos visto desde la Gran Depresión.

El Presidente tomó medidas audaces y difíciles para evitar el colapso de nuestro sistema financiero y revertir las inquietantes tendencias de crecimiento negativo y pérdidas masivas de empleos.

Hoy, gracias en gran medida a la Ley para la Recuperación y otros pasos que hemos dado, la economía crece nuevamente y se ha desacelerado la pérdida de empleos. Pero el progreso es frágil, y no podemos rendirnos hasta que los millones de personas que buscan trabajo actualmente todos puedan encontrarlo.

Sin embargo, sabemos que sobrevivir esta tormenta no será suficiente si no hacemos lo que debemos hacer para darle solidez a Estados Unidos a largo plazo.

Es por eso que este gobierno está acometiendo los cruciales desafíos que Washington viene desatendiendo desde hace demasiado tiempo. Estamos sentando una nueva base para el crecimiento y la prosperidad, que le dará solidez a la economía, familias y pequeñas empresas en todo el país.

Al hacerle frente al asunto de la reforma del seguro médico, podemos darles renovada seguridad y estabilidad a familias y empresas en todo el país. 

Al plantar las semillas del crecimiento para una economía nueva, basada en la energía limpia, podemos propiciar la generación de millones de empleos buenos y asegurar el liderazgo continuo de Estados Unidos en este nuevo siglo.

Al comprometernos seriamente como nación con la reforma educativa –lo que significa capacitación universitaria o técnica al alcance de cada joven deseoso de esforzarse por ella– podemos asegurar su éxito y el éxito de Estados Unidos, en un mundo en que los trabajadores y la fuerza laboral con mayor educación saldrán adelante.

Entonces, incluso al esforzarnos por llevar esta recesión a su fin y permitir que Estados Unidos vuelva a trabajar, estamos decididos a hacerles frente a problemas de hace mucho tiempo que enturbian nuestro futuro.

Y otro problema que ha sido pospuesto año tras año, por Congreso tras Congreso, por poder ejecutivo tras poder ejecutivo, es la clara necesidad de la reforma de inmigración.

Todos conocemos el tema: Un flujo continuo de trabajadores indocumentados que cruzan nuestras fronteras ilegalmente en busca de trabajo y una vida mejor. Un mercado que los acoge con empleadores dispuestos a trasgredir la ley para contratar mano de obra barata. Y como resultado, unas 12 millones de personas que están aquí ilegalmente, viviendo en la clandestinidad, una fuente de dolor y conflicto.

Esa situación es inaceptable. Es una afrenta para todo ciudadano que respeta las leyes y todo empleador que cumple con las normas. 

Como es el caso con las otras prioridades del gobierno, cuando se trata de la inmigración, enfrentamos un status quo que simplemente es inaceptable. Todos reconocen que nuestro actual sistema no está funcionando y que nuestras leyes de inmigración deben cambiar.

Las empresas, los trabajadores y las organizaciones religiosas de Estados Unidos exigen la reforma. Agencias de la ley y del gobierno de todos los niveles piden la reforma.

Y en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), necesitamos la reforma para realizar nuestra labor de velar por el cumplimiento de la ley y la seguridad de nuestro país.

En los últimos 10 meses, hemos trabajado en mejoras al control de la inmigración y la seguridad fronteriza dentro del actual marco legal. Pero mientras más hacemos, más claro queda que es necesario reformar las leyes en sí.

Permítanme ser clara: cuando hablo de la “reforma de la inmigración”, me refiero a lo que llamo un “banco de tres patas” que incluye un compromiso con el control serio y eficaz, un mejor curso legal para las familias y los trabajadores, y una manera firme pero justa de tratar a quienes ya están aquí. Es así que se debe resolver el problema, porque necesitamos de todos esos tres aspectos para desarrollar un sistema que funcione.

Esta estrategia se basa en la convicción de que debemos exigir responsabilidad y rendimiento de cuentas de todas las partes involucradas en el sistema: Inmigrantes, empleadores y gobierno. Y eso comienza con control justo y digno de confianza.

Sabemos que la reforma unilateral, como la que vimos en 1986, no funciona. Durante ese esfuerzo de reforma, se prometió que el aspecto de cumplimiento de la ley estaría en la ecuación, pero no se hizo realidad. Eso contribuyó a nuestra situación actual y disminuyó la confianza de los estadounidenses de la estrategia de su gobierno con respecto a este asunto. No se debe volver a cometer ese error y no permitiremos que se vuelva a cometer.

El pueblo estadounidense espera que hagamos algo al respecto. Los estadounidenses valoramos nuestra identidad, tanto como nación de inmigrantes como estado de derecho.

Desafortunadamente, demasiados políticos y comentaristas han considerado estos valores contradictorios. No lo son, y procuraremos reformas para enfatizar ambos.

La historia de la inmigración es parte de lo que significa ser estadounidense, pero dejar de solucionar los problemas de un sistema que socava nuestros valores comunes de legalidad y equidad no lo es.

Es por eso que miembros clave del Congreso están dando pasos hacia legislación que cree un sistema inmigratorio que realmente funcione. Es por eso que el Presidente continúa plenamente comprometido con reformar nuestras leyes de inmigración, y es por eso que me ha pedido que desempeñe un papel importante en este esfuerzo.

QUE HA CAMBIADO DESDE EL 2007

Aunque todos concuerden en que el status quo no está funcionando, lo que quizá no todos sepan es cuánto ha cambiado el panorama de la inmigración desde que fracasaron los esfuerzos a favor de una reforma integral en el 2007.

He estado tratando directamente con temas inmigratorios desde 1993, o sea que créanme: Un cambio importante no pasa desapercibido por mí, y lo que he visto hace que la reforma parezca mucho más posible esta vez.

Para comenzar, la seguridad de la frontera sudoeste ha sido transformada con relación a la situación en el 2007. El gobierno federal ha dedicado recursos sin precedente a la frontera con México en términos de elemento humano, tecnología e infraestructura, y eso ha tenido un verdadero impacto.

El pasado marzo, el gobierno del Presidente Obama anunció un Plan para la Frontera Sudoeste (Southwest Border Initiative) que ha aumentado los recursos que el gobierno está dedicando para combatir los carteles de drogas y el contrabando de efectivo y armas del que se alimentan.

Los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Defensa han dedicado recursos sin precedente a este plan. Esto incluye inspecciones adicionales y tecnología de vigilancia, como también cientos de empleados que se especializan en campos como la inspección, inteligencia y procesos legales.

En el Departamento de Seguridad Nacional, hemos comenzado a inspeccionar a 100% de la carga ferroviaria, en busca de armas ilegales y efectivo, por primera vez en la historia. En comparación con el año pasado, ha habido aumentos considerables en todas las categorías de confiscaciones: drogas, efectivo de contrabando y armas ilegales.

Por ejemplo, con respecto a solamente grandes cantidades de efectivo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection), en lo que va del año, ha confiscado en la frontera más de $34 millones en efectivo que se pasaba de contrabando hacia el sur, cantidad más de cuatro veces superior al periodo equivalente del año pasado.

Es más, el debate sobre la inmigración del 2007 se dio durante un periodo de niveles históricamente altos de ingresos ilegales a Estados Unidos.

Dos años más tarde, debido al mejor control y las actuales circunstancias económicas, esas cifras han bajado considerablemente. El flujo se ha reducido significativamente –en más de la mitad con relación a los años de mayor actividad– lo que prueba que el actual entorno es muy diferente al anterior.

Éstas son diferencias importantes que deben cambiar el diálogo sobre la inmigración.

En el 2007, muchos miembros del Congreso dijeron que podrían apoyar la reforma de la inmigración en el futuro, pero sólo si primero alcanzábamos logros considerables al reforzar la frontera. Esto reflejaba una verdadera inquietud de parte de muchos estadounidenses de que el gobierno no estaba realmente dedicado a velar por el cumplimiento de la ley.

Si se considera la situación actual, se ha cumplido con muchos de los puntos de evaluación que dichos miembros del Congreso establecieron en el 2007. Por ejemplo, la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) ha incrementado su personal a más de 20,000 oficiales, y el DHS ha construido más de 600 millas de cerco en la frontera. Ambos importantes acontecimientos demuestran que hemos oído el mensaje del Congreso.

También hemos demostrado que el enfoque del gobierno al control es serio y estratégico pues hemos hecho cambios en la manera en que velamos por el cumplimiento de la ley al interior del país y en los centros de trabajo. Hemos reemplazado la vieja política de que simplemente aparentaba ser rigurosa con medidas concebidas para realmente ser eficaces.

Hemos modificado y estandarizado nuestros acuerdos entre inmigración y las agencias estatales y locales de la ley para asegurarnos de que éstas sean eficaces protagonistas en nuestros esfuerzos por detener a peligrosos criminales extranjeros.

Hemos ampliado el programa de Comunidades Seguras (Secure Communities), el cual identifica a los extranjeros ilegales que se fichan en las cárceles locales. Ayer, conmemoramos el primer aniversario de este programa, que está usando 95 jurisdicciones y que ha identificado a más de 111,000 criminales extranjeros.

Además, hemos transformado los operativos en los centros de trabajo para realmente hacerle frente a la demanda por inmigración ilegal. Estamos revisando los libros de miles de empleadores que presuntamente dependen de trabajadores ilegales para tener una ventaja injusta en el mercado.

Como parte de este esfuerzo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement) realizó auditorías de más empleadores que se sospechaba contrataban trabajadores ilegales en un solo día de julio que los que se sometió a auditoría en todo el 2008.

También estamos fomentando el cumplimiento de la ley en los centros de trabajo con la expansión y mejoras a E-Verify, un sistema en Internet que permite que los empleadores que participan verifiquen electrónicamente si las personas que contratan cumplen con los requisitos para trabajar. Más de 167,000 empleadores en 639,000 centros de trabajo usan E-Verify. El mes pasado, el programa creció con una tasa de casi 2,000 empleadores por semana.

Mejorar el cumplimiento de las leyes, tanto a nivel interno como en el centro de trabajo, es una parte crucial de la reforma integral de inmigración. Hemos demostrado que en lo que a esto respecta, este gobierno está decidido a actuar.

Asimismo, recientes mejoras en el manejo del sistema de inmigración legal también prueban que el gobierno federal está listo para hacerse cargo de una reforma significativa.

Nos hemos puesto al día en retrasos de hasta un año para los certificados de antecedentes penales requeridos por solicitantes de tarjetas de residencia y naturalización. Hemos ampliado la oportunidad para que una viuda obtenga estatus legal aquí a pesar de la muerte inesperada de su esposo ciudadano estadounidense. Hemos lanzado una nueva página web interactiva que permite que la gente reciba información sobre el estatus de sus casos de inmigración por correo electrónico o mensaje de texto, y hemos reducido el tiempo que toma procesar esos casos.

Además de estos cambios, desde el 2007 hemos hecho avances significativos en tecnología.

Por ejemplo, nueva tecnología biométrica nos permite tomar huellas dactilares de gente que entra a Estados Unidos y comparar sus huellas dactilares con bases de datos que antes no podíamos consultar. Esto significa que tenemos nueva y mejor capacidad para identificar velozmente a gente que comete fraude migratorio, ya sea usando los documentos de otro o falsificando documentos para escapar detención por un delito pasado o una trasgresión de inmigración.

También hemos aumentado nuestra capacidad de excluir a quienes se sospecha de apoyar al terrorismo u otros delitos internacionales serios antes de que entren en nuestro país.

En general, éstos y otros cambios hacen que la reforma integral de la inmigración esté más al alcance en materia de medidas y política. En la frontera, en el interior del país y en lo que respecta a inmigración legal, el gobierno ha alcanzado logros significativos para mejorar el cumplimiento de las leyes. Esto es un cambio fundamental con respecto al 2007.

Y otra cosa que ha cambiado en este debate: un mayor segmento del público estadounidense ha aceptado la necesidad de participar en este debate y llegar a una solución razonable para este problema. CAP ha ayudado a documentar esta transformación.

Hay líderes de las agencias de la ley que se están haciendo escuchar, diciendo que la reforma de la inmigración es vital para que puedan seguir haciendo su trabajo de mantener a los estadounidenses seguros. Líderes religiosos, entre ellos la Asociación Nacional de Evangélicos (National Association of Evangelicals), anunciaron su apoyo a la reforma de la inmigración como un asunto moral y práctico. Y estamos viendo a más y más líderes empresariales y sindicales que nunca antes participar en este debate de manera constructiva.

Todos estos segmentos de la ciudadanía han llegado a la misma conclusión que prevalece entre el pueblo estadounidense: Este problema necesita una solución y la mejor manera de asegurarnos de que podemos defender nuestras leyes es asegurarnos de que nuestras leyes sean razonables y practicables.

POR QUE EL DHS NECESITA LA REFORMA MIGRATORIA

Esa realidad es obvia para nosotros en el DHS.

Durante este año pasado, a medida que este gobierno buscaba estrategias más eficaces dentro de las actuales leyes, tenemos una idea mucho más clara que nunca antes de exactamente cómo debemos cambiar esas leyes.

En los últimos diez meses tomamos decisiones difíciles e implementamos reformas significativas dentro del actual marco legal, pero no son suficientes para crear el sistema que queremos o necesitamos.

Si realmente vamos a arreglar un sistema que no funciona, el Congreso tendrá que actuar.

En lo que respecta a inmigración, tomé el juramento como secretaria de Seguridad Nacional de proteger a la nación al velar por el cumplimiento de la ley y manejar el tránsito legal a través de la frontera. Permítanme ser clara: para hacer esta tarea lo más eficaz posible, el DHS necesita la reforma de la inmigración.

La ley de reforma brindaría recursos duraderos y específicos para nuestras fronteras, y proporcionaría instrumentos legales indispensables que ahora no tenemos para combatir al contrabando organizado.

Por ejemplo, necesitamos leyes anti contrabando más severas para tratar los delitos con agravantes que cometen los contrabandistas, entre ellos asaltar a oficiales de la ley, poner en peligro a niños, amenazar a los familiares y abandonar a personas en el desierto, cientos de las cuales sucumben por el calor y la falta de agua.

También necesitamos actualizar las leyes que no contemplan algunas de las nuevas maneras en que los delincuentes realizan sus operaciones. Por ejemplo, los contrabandistas y narcotraficantes de hoy a menudo mueven efectivo en tarjetas de “valor acumulado”, que ni siquiera son consideradas instrumentos monetarios bajo las actuales leyes de contrabando de dinero.

Asimismo, necesitamos mejorar las leyes actuales en lo que respecta a velar por su cumplimiento en el interior y en centros laborales. Ahora las empresas deshonestas a menudo no toman en cuenta las multas civiles establecidas por empleo ilegal porque son tan bajas. También es difícil perseguir esos delitos como felonías por los requisitos de intención extremadamente elaborados que exigen los actuales estatutos.

Más aun, algunas de las leyes actuales sobre fraude relacionado con la inmigración deben utilizar el sentido común. En este momento, a un abogado de inmigración corrupto que a sabiendas permite cientos de transgresiones de las leyes de inmigración al ayudar a los extranjeros a solicitar asilo o la residencia permanente de manera fraudulenta, se le trata casi de la misma manera que a un extranjero que compra una sola tarjeta de residencia falsificada.

Es más, para un pleno cumplimiento de la ley, necesitamos que el Congreso formule las bases legales para hacer que millones de inmigrantes ilegales en este país salgan de la clandestinidad, exigirles que se registren y paguen los impuestos que deben y verificar que paguen las multas que deberán abonar como requisito para la obtención del estatus legal

Permítanme enfatizar lo siguiente: Nunca tendremos pleno cumplimiento de la ley ni seguridad nacional mientras tantos millones sigan en la clandestinidad.

Asegurarnos de que estas personas pasen a ser contribuyentes plenos y que paguen lo que les corresponde beneficiará a nuestra economía y facilitará que se penalice a empleadores inescrupulosos o abusivos que no cumplan con la ley.

Una vía rigurosa y justa para obtener estatus legal exigirá que los inmigrantes ilegales cumplan con una serie de requisitos, entre ellos, registrarse, pagar una multa, someterse a una revisión de antecedentes penales, abonar todos los impuestos y aprender inglés.

Éstos son requisitos considerables que garantizarán que esta población obedezca las leyes. Y ayudarán a arreglar un sistema que no funciona.

LA NECESIDAD AMPLIA POR LA REFORMA

Si bien es importante enfatizar la necesidad de la reforma de la inmigración desde la perspectiva de verificación de su cumplimiento, la necesidad de la reforma va más allá de esas razones. Tenemos que asegurarnos de que el sistema de inmigración sirva para apoyar a familias, trabajadores y empresas estadounidenses.

Como parte del esfuerzo de extensión de este gobierno, mi departamento se ha reunido con más de 1,000 personas y organizaciones interesadas en todo el país.

Las empresas, líderes comunitarios, líderes sindicales, grupos religiosos y agencias de la ley con las que nos hemos reunido tienen todos historias diferentes, pero todas llegaron a la misma conclusión: Necesitamos una reforma. Esta reforma será parte de los nuevos cimientos para el crecimiento económico, prosperidad y seguridad que este gobierno se está esforzando por construir.

Nuestro sistema debe ser suficientemente fuerte para evitar la entrada ilegal y sacar a los delincuentes extranjeros de nuestras calles y del país. Pero también debe ser lo suficientemente inteligente para recompensar el trabajo arduo y el espíritu empresarial que los inmigrantes siempre han traído a Estados Unidos, rasgos que han forjado nuestra nación.

Requerir que los inmigrantes ilegales se registren para obtener estatus legal, como dije antes, fortalecerá a nuestro país cuando estos inmigrantes se conviertan en contribuyentes plenos.

Como me lo explicaron los líderes sindicales, la reforma de la inmigración será muy beneficiosa para los trabajadores estadounidenses. Piénsenlo: Los sindicatos nunca lograrán las mejores condiciones para los trabajadores si una gran parte de la fuerza laboral es ilegal y opera en la economía clandestina.

Por otro lado, el status quo no sólo perjudica a los trabajadores estadounidenses, sino que también anula oportunidades potenciales de crecimiento económico.

Hace unos meses, organicé un foro donde escuché a los ejecutivos de tecnología en Silicon Valley, el centro de innovación tecnológica en nuestro país.

Me dijeron que quieren aumentar su fuerza laboral y ayudar a impulsar la economía, pero algunas de las barreras más grandes para el crecimiento de sus compañías eran las normas de las visas que dificultan que extranjeros altamente capacitados se queden aquí a trabajar.

Hoy tenemos un sistema donde Estados Unidos educa a muchas de las personas más brillantes del mundo, y luego les dice que se vayan del país, cuando muchos de ellos preferirían abrir sus propias empresas o fortalecer a otras empresas aquí en Estados Unidos. Esto afecta a la economía y a todos nosotros, y debe cambiar.

Para avanzar, nuestra política de visas debe funcionar para todos los sectores de nuestra economía y para todas las escalas de ingreso.

En las reuniones que tuve, líderes del sector agricultura, del sector servicios y otros campos me dijeron que la actual política de visas es un obstáculo para el crecimiento de empresas que desean expandirse. Para abordar esta necesidad económica, necesitamos programas meticulosamente formulados que permitan que las empresas estadounidenses contraten a los trabajadores extranjeros que necesitan, mientras protegen los derechos laborales y de salud y seguridad de todos los trabajadores.

Tenemos que revisar las actuales cláusulas de inmigración legal para ayudar a asegurar que haya una fuerza laboral legal en casos donde las empresas no pueden encontrar estadounidenses que deseen cubrir las vacancias. Estos cambios harán que nuestra economía se fortalezca y sea más próspera a todo nivel.

Líderes comunitarios y religiosos también han enfatizado que necesitamos la reforma porque las actuales leyes son demasiado duras para las familias, especialmente para las familias con estatus legal mixto.

Nuestro sistema de inmigración es anticuado en lo que respecta a las familias, y necesitamos modernizar y simplificar las leyes que rigen este proceso.

Nadie debería tener que esperar años para reunificarse con una esposa o un hijo menor de edad.

Y debemos proteger a las familias de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales se ofrecieron voluntariamente a servir a este país incluso antes de naturalizarse como ciudadanos. Estas personas arriesgan la vida para garantizar la seguridad de todos los estadounidenses. Tenemos el deber de asegurar que sus familias sean tratadas con dignidad cuando los soldados regresen del combate.

He tenido el honor de tomar el juramento de ciudadanía a personal en servicio activo que estuvo prestando servicios a nuestro país mucho antes de que juramentara. Estos hombres y mujeres son un recordatorio, como les dijo el Presidente el día de la juramentación, de que Estados Unidos no es sólo “una colección de derechos”, sino “un conjunto de responsabilidades… y depende de cada uno de nosotros el hacer nuestra parte”.

CONCLUSION

Así que todos tenemos que hacer nuestra parte para tener un sistema que funcione.

A fin de cuentas, en lo que respecta a inmigración, la gente debe poder confiar en el sistema.

Los estadounidenses deben saber que su gobierno está comprometido con velar por el cumplimiento de la ley y proteger la frontera, y que se toma esta responsabilidad seriamente.

Las agencias de la ley necesitan mejores instrumentos legales y los recursos necesarios para lidiar con delitos relacionados con la frontera o relacionados a inmigración.

Las empresas deben poder encontrar los trabajadores que necesitan aquí en Estados Unidos, en lugar de mudarse al extranjero.

Los inmigrantes necesitan tener la capacidad de planear su vida, necesitan saber que una vez que reformemos las leyes vamos a tener un sistema que funciona y que los contornos de nuestras leyes de inmigración van a ser duraderos. Y necesitan saber que van a tener tantas responsabilidades como derechos.

El Presidente está comprometido con este asunto porque la necesidad de la reforma de la inmigración es muy clara.

Este gobierno no evita enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI que han sido desatendidos por tanto tiempo y han afectado a nuestras familias y empresas. Cuando el Congreso esté listo a actuar, nosotros estaremos listos para apoyarlos.

Como dije antes, somos tanto una nación de inmigrantes como una nación de derecho. Esto está grabado en nuestro carácter nacional y ha ayudado a Estados Unidos a convertirse en la gran nación que es. Pero debemos modernizar nuestras leyes para el siglo XXI, a fin de que esta visión pueda perdurar.

Esta tarea es crucial, se puede lograr y estamos totalmente comprometidos con su plena realización.

Gracias.

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“The clear need for immigration reform”

Today, the Secretary of Homeland Security Janet Napolitano, held a conference at the Center for American Progress in Washington, where she talked about the need for an immigration reform and the changes already happening under the Obama administration.

The Secretary noted that to be able to protect the nation by enforcing the law and managing legal flows across the border, DHS needs the immigration reform.

Below are the prepared remarks by Secretary Napolitano on Immigration Reform.

Thank you to John Podesta for that warm introduction. John is a good friend of mine, and I admire the work he’s done here at the Center for American Progress to advance the national debate on a range of important issues. John and I have worked together extensively, and I look forward to his continued partnership.

It’s not news to say that these are challenging times. From our first day in office, this new Administration was called on to meet an economic and financial crisis as deep and threatening as we’ve seen since the Great Depression. The President took bold and difficult steps to prevent the collapse of our financial system and reverse the ominous trends of negative growth and massive jobs loss.

Today, thanks in no small part to the Recovery Act and other steps we have taken, the economy is growing again and job losses have slowed. But that progress is fragile, and we can’t let up until all the millions who are looking for work today can find it. Yet we know that surviving this storm isn’t enough if we fail to do the things we must to fortify America for the long run.

That’s why this Administration is taking on the critical challenges that have been ignored in Washington for too long. We are laying a new foundation for growth and prosperity that will strengthen the economy, families and small businesses throughout the country.

By tackling the issue of health insurance reform, we can bring new security and stability to families and businesses across the country. By planting the seeds of growth for a new, clean energy economy, we can open the door to the creation of millions of good jobs and secure America’s continued leadership in this new century. By making a serious, national commitment to education reform—which means college or technical training accessible to every young person willing to strive for it—we can insure their success, and America’s success, in a world where the best educated workers and workforce will win.

So even as we press to end this recession and get America back to work, we are determined to deal with long lingering problems that cloud our future. And another problem that has been punted from year to year, from Congress to Congress, from Administration to Administration, is the clear need for immigration reform.

We all know the story: A steady influx of undocumented workers, crossing our borders illegally in search of work and a better life. A market among employers willing to flout the law in order to hire cheap labor. And as a result, some 12 million people, here illegally, living in the shadows—a source of pain and conflict.

It is wrong. It’s an affront to every law-abiding citizen and every employer who plays by the rules.

Like the Administration’s other priorities, when it comes to immigration, we are addressing a status quo that is simply unacceptable. Everybody recognizes that our current system isn’t working and that our immigration laws need to change. America’s businesses, workers, and faith-based organizations are calling for reform. Law enforcement and government at every level are asking for reform. And at the Department of Homeland Security, we need reform to do our job of enforcing the law and keeping our country secure.

Over the past ten months, we’ve worked to improve immigration enforcement and border security within the current legal framework. But the more work we do, the more it becomes clear that the laws themselves need to be reformed.

Let me be clear: when I talk about “immigration reform,” I’m referring to what I call the “three-legged stool” that includes a commitment to serious and effective enforcement, improved legal flows for families and workers, and a firm but fair way to deal with those who are already here. That’s the way that this problem has to be solved, because we need all three aspects to build a successful system. This approach has at its heart the conviction that we must demand responsibility and accountability from everyone involved in the system: immigrants, employers and government. And that begins with fair, reliable enforcement.

We know that one-sided reform, as we saw in 1986, cannot succeed. During that reform effort, the enforcement part of the equation was promised, but it didn’t materialize. That helped lead to our current situation, and it undermined Americans’ confidence in their government’s approach to this issue. That mistake can’t happen again, and it won’t happen again.

The American people expect us to act. Americans value our identity as both a nation of immigrants and a nation of laws. Unfortunately, too many politicians and pundits have treated these values as contradictory. They are not, and we will pursue reforms that emphasize both. The immigrant story is part of what it means to be an American – but failing to fix a broken system that undermines our shared values of lawfulness and fairness is not.

This is why key members of Congress are taking steps toward legislation that will create an immigration system that works. This is why the President continues to be fully committed to reforming our immigration laws, and why he asked me to take a lead role in this effort.

WHAT HAS CHANGED SINCE 2007

While everyone may agree that the status quo isn’t working, what everyone may not be aware of is how much the immigration landscape has changed since comprehensive reform efforts fell short in 2007. I’ve been dealing hands-on with immigration issues since 1993, so trust me: I know a major shift when I see one, and what I have seen makes reform far more attainable this time around.

For starters, the security of the Southwest border has been transformed from where it was in 2007. The federal government has dedicated unprecedented resources to the Mexican border in terms of manpower, technology and infrastructure—and it’s made a real difference.

Last March, the Obama Administration announced a Southwest Border Initiative that has increased the resources the government is dedicating to combating drug cartels, and the smuggled cash and illegal weapons they thrive on. The Departments of Homeland Security, Justice and Defense have dedicated unprecedented resources to this initiative. This includes additional inspection and surveillance technology, as well as hundreds of personnel specializing in fields like inspection, intelligence and prosecutions. At DHS, we started screening 100 percent of southbound rail shipments for illegal weapons and cash—for the first time ever.

Compared to last year, seizures in all categories—drugs, smuggled cash, and illegal weapons—are up dramatically. For example, just looking at bulk cash, Customs and Border Protection has seized at the border more than $34 million in cash being smuggled southbound so far this year—more than four times as much as at this time last year.

Moreover, the immigration debate in 2007 happened during a period of historically high levels of illegal entry into the United States. Two years later, because of better enforcement and the current economic circumstances, those numbers have fallen sharply. The flow has reduced significantly – by more than half from the busiest years, proving we are in a much different environment than we were before.

These are major differences that should change the immigration conversation. In 2007, many members of Congress said that they could support immigration reform in the future, but only if we first made significant progress securing the border. This reflected the real concern of many Americans that the government was not serious about enforcing the law. Fast-forward to today, and many of the benchmarks these members of Congress set in 2007 have been met. For example, the Border Patrol has increased its forces to more than 20,000 officers, and DHS has built more than 600 miles of border fencing. Both of these milestones demonstrate that we have gotten Congress’ message.

We’ve also shown that the government is serious and strategic in its approach to enforcement by making changes in how we enforce the law in the interior of the country and at worksites. We have replaced old policies that merely looked tough with policies that are designed to actually be effective.

We’ve revised and standardized our immigration-enforcement agreements with state and local law enforcement to make sure that these agencies are effective forcemultipliers in our efforts to apprehend dangerous criminal aliens. We’ve expanded the Secure Communities program, which identifies illegal aliens being booked into local jails. Yesterday, we marked the end of the first year for this program, which is being used by 95 jurisdictions and has identified more than 111,000 criminal aliens.

Furthermore, we’ve transformed worksite enforcement to truly address the demand side of illegal immigration. We are auditing the books of thousands of employers suspected of relying on illegal labor to achieve an unfair advantage in the marketplace. As part of this effort, Immigration and Customs Enforcement audited more employers suspected of hiring illegal labor in a single day in July than had been audited in all of 2008. We’re also encouraging workplace compliance by expanding and improving the E-Verify system—an Internet-based system that allows participating employers to electronically verify the employment eligibility of new hires. More than 167,000 employers at 639,000 worksites use E-Verify. In the past month, the program has grown at the rate of nearly 2,000 employers per week.

Improved interior and worksite enforcement is a critical part of comprehensive immigration reform. We’ve demonstrated that when it comes to that issue, this Administration is committed to action.

In addition, recent improvements at managing the legal immigration system also prove that the federal government is ready to handle major reform.

We’ve ended a year-long backlog for background checks on applicants for green cards and naturalization. We’ve expanded the opportunity for a widow to gain legal status here, despite the untimely death of her U.S. citizen spouse. We’ve launched a new interactive website that allows people to receive information about the status of their immigration cases by e-mail or text message, and we have reduced the time it takes to process those cases.

In addition to these changes, since 2007 we have made significant strides in technology. For example, new biometric technology allows us to take the fingerprints of people coming into the United States and compare their prints against databases we couldn’t access before. This means we have new and enhanced abilities to quickly identify people committing immigration fraud, either by using someone else’s documents or by forging documents to escape detection for a past crime or immigration violation. We also have enhanced our capacity to exclude those suspected of supporting terrorism or other serious international crimes before they enter our country.

Overall, these and other changes make comprehensive immigration reform more attainable as a matter of both politics and policy. At the border, in the interior of the country, and when it comes to legal immigration, the government has made significant strides to improve enforcement. This is a fundamental change from 2007.

Here’s the other thing that has shifted in this debate: a larger segment of the American public has embraced the need to engage this debate and arrive at a sensible solution to this problem. CAP has helped to document this shift.

There are leaders of the law enforcement community speaking out, saying that immigration reform is vital to their ability to do their jobs keeping Americans safe. Faith leaders, including the National Association of Evangelicals, have announced their support for immigration reform as a moral and practical issue. We are seeing more business leaders and more labor leaders engaged in this debate in a constructive way than we have ever seen before.

These constituencies have all arrived at the same conclusion that prevails among the American people: this is a problem that needs to be fixed—and the best way to ensure that we can uphold our laws is to make sure our laws are rational and enforceable.

WHY DHS NEEDS IMMIGRATION REFORM

That reality is apparent to us at DHS. Over the past year, as this Administration has pursued more effective strategies within the current laws, the picture of how exactly those laws need to be changed has become clearer than ever before. In the past ten months, we have made tough choices, and implemented significant reforms within the current legal framework—but they are not enough to create the system that we want or that we need. If we are truly going to fix a broken system, Congress will have to act.

When it comes to immigration, I took an oath as Secretary of Homeland Security to secure the nation by enforcing the law and managing legal flows across the border. Let me be clear: to do this job as effectively as possible, DHS needs immigration reform.

Reform legislation would provide lasting and dedicated resources at our borders, and provide some critical legal tools that we don’t currently have to combat smuggling organizations. For example, we need tougher anti-smuggling laws in dealing with the aggravated crimes smugglers commit—including assaulting law enforcement officers, endangering children, threatening relatives and abandoning people in the desert— hundreds of whom succumb to death from heat and lack of water. We also need to update current laws that don’t cover some of the new means by which criminals conduct their business. For instance, today’s smugglers and drug traffickers often move cash through “stored value” cards, which aren’t even considered monetary instruments under the current money-smuggling laws.

In addition, we need improvements to the current law when it comes to interior and worksite enforcement. Dishonest businesses often ignore the civil fines for illegal employment now on the books because they’re so low. It’s also very difficult to prosecute these crimes as felonies because of the over-elaborate intent requirements built into the current statutes.

Moreover, some current laws covering immigration-related fraud have to be brought more in line with common sense. Right now, a corrupt immigration attorney who facilitates hundreds of immigration violations by knowingly helping aliens fraudulently seek asylum or permanent residence is treated almost the same as an alien who buys a single fake green card.

On top of this, in order to have fully effective law enforcement, we need Congress to create the legal foundation for bringing the millions of illegal immigrants in this country out of the shadows, require them to register and pay all taxes they owe, and enforce the penalties that they will have to pay as part of earning legal status. Let me emphasize this: we will never have fully effective law enforcement or national security as long as so many millions remain in the shadows.

Making sure these people become full taxpayers and pay their fair share will both benefit our economy and make it easier to enforce the laws against unscrupulous or exploitive employers. A tough and fair pathway to earned legal status will mandate that illegal immigrants meet a number of requirements—including registering, paying a fine, passing a criminal background check, fully paying all taxes and learning English.

These are substantial requirements that will make sure this population gets right with the law. It will help fix our broken system.

THE BROAD NEED FOR REFORM

While it’s important to emphasize the need for immigration reform from an enforcement perspective, the need for reform stretches far beyond those reasons. We have to make sure the immigration system works to support American families, businesses and workers.

As part of the Administration’s outreach on this issue, my Department has held stakeholder meetings with more than 1,000 people and organizations across the country. The businesses, community leaders, labor leaders, faith groups and law enforcement we’ve met with all have different stories, but they all reach the same conclusion: we need reform. This reform will be part of the new foundation for growth, prosperity, and security that this Administration is working to create.

Our system must be strong enough to prevent illegal entry and to get criminal aliens off our streets and out of the country. But it must also be smart enough to reward the hard work and entrepreneurial spirit that immigrants have always brought to America—traits that have built our nation.

Requiring illegal immigrants to register to earn legal status, as I discussed earlier, will strengthen our economy as these immigrants become full-paying taxpayers. As labor leaders have made clear to me, immigration reform will be a boon to American workers. Think about it: unions will never achieve the best terms for workers when a large part of the workforce is illegal and operates in a shadow economy. By contrast, the status quo not only hurts American workers, it also stifles potential opportunities to grow our economy.

A few months ago, I held a forum where I heard from technology executives in Silicon Valley, our country’s center of technological innovation. They told me that they want to increase their workforce and help get the economy moving again, but some of the major barriers they have to growing their companies are visa laws that make it difficult for high-skilled foreigners to stay here to work. Today, we have a system where America educates many of the brightest individuals from around the world, and then tells them to leave the country when many of them would rather start their own ventures or strengthen businesses right here in America. This hurts the economy for all of us, and it has to change.

Going forward, our visa policies must work for every sector of our economy, and across the income scale. In my meetings, leaders in agriculture, service industries and other fields have told me that current visa policies are hindering the growth of businesses looking to expand. To address this economic need, we need carefully crafted programs that allow American businesses to hire needed foreign workers while protecting the labor and health-and-safety rights of all workers. We need to revise our current provisions for legal migration to help assure a legal workforce in cases where businesses can’t find Americans to fill their jobs. These changes will make our economy stronger and more prosperous at all levels.

Community and faith leaders have also emphasized to me that we need reform because of how difficult the current laws can be on families, especially families of mixed legal status. Our immigration system is outdated where families are concerned, and we need to modernize and streamline the laws governing this process.

No one should have to wait in a line for years in order to reunite with a spouse or a young child. And we must protect the families of our men and women in the armed forces, some of whom volunteer to serve this country before they even become naturalized citizens. These individuals risk their lives to ensure the safety of all Americans. We have a duty to ensure that their families are treated with dignity when their soldiers return from combat.

I have had the honor of administering the oath of citizenship to active-duty personnel who had been serving our country long before I swore them in. These men and women are a reminder, as the President told them on the day of their swearing-in, that America is not just “a collection of rights,” but also “a set of responsibilities...it depends on each of us doing our part.”

CONCLUSION

So we all have to do our part to have a system that works. At the end of the day, when it comes to immigration, people need to be able to trust the system. Americans need to know that their government is committed to enforcing the law and securing the border—and that it takes this responsibility seriously. Law enforcement needs to have better legal tools and the necessary resources to deal with border-related and immigration-related crime. Businesses must be able find the workers they need here in America, rather than having to move overseas. Immigrants need to be able to plan their lives—they need to know that once we reform the laws, we’re going to have a system that works, and that the contours of our immigration laws will last. And they need to know that they will have as many responsibilities as they do rights.

The President is committed to this issue because the need for immigration reform is so clear. This Administration does not shy away from taking on the big challenges of the 21st century, challenges that have been ignored too long and hurt our families and businesses. When Congress is ready to act, we will be ready to support them.

As I said earlier, we are both a nation of immigrants and a nation of laws. This is ingrained in our national character and it has helped make America the great nation that it is. But we must modernize our laws for the 21st century so that this vision can endure. This is a task that is critical, that is attainable, and that we are fully committed to fulfilling.

Thank you.

 

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