the WHITE HOUSEPresident Barack Obama

Search form

Actualización inmigratoria: Maximizar la seguridad pública y utilizar mejor los recursos

Summary: 
El Presidente Obama está firmemente comprometido a arreglar nuestras leyes inmigratorias y ha estado buscando enérgicamente socios en el Congreso que estén dispuestos a trabajar con él para promulgar una nueva ley.

El Presidente Obama está firmemente comprometido a arreglar nuestras leyes inmigratorias y ha estado buscando enérgicamente socios en el Congreso que estén dispuestos a trabajar con él para promulgar una nueva ley. Al mismo tiempo que se enfoca en construir un nuevo sistema inmigratorio para el siglo XXI que satisfaga las necesidades económicas y de seguridad de nuestra nación, el Presidente tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes existentes de una manera inteligente y efectiva. Esto significa tomar decisiones que utilicen mejor los recursos que el Congreso otorga al Poder Ejecutivo para realizar esta tarea.  Hay más de 10 millones de personas que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos; es obvio que no podemos deportar un número tan grande. Por lo tanto el Gobierno ha desarrollado una estrategia para asegurarse de que usemos esos recursos de una manera tal que ponga la seguridad pública y de la nación en primer lugar. Si estuviera a cargo de un organismo de cumplimiento de la ley en cualquier parte del mundo, usted tomaría como objetivo a aquellas personas que presenten el mayor riesgo antes de aquellas que no lo hacen. Nuestra tarea de cumplimiento de las leyes inmigratorias se enfoca de la misma manera.  

Bajo dirección del Presidente, por primera vez en su historia el Departamento de Seguridad Nacional ha adoptado como prioridad la expulsión del país de aquellas personas que hayan sido condenadas por cometer delitos en los Estados Unidos.  Y han tenido éxito; en el año 2010, el DHS expulsó del país a 79,000 personas mas que habían sido condenadas de un delito que en el año 2008. Esta semana, han anunciado que están reforzando su capacidad de tomar aún más como objetivo a delincuentes asegurándose de que no se dirijan nuestros recursos a deportar personas que son de baja prioridad para la deportación. Esto incluye a individuos tales como jóvenes que fueron traídos a este país como niños pequeños y que no conocen otro hogar. Esto también incluye a individuos tales como veteranos de las Fuerzas Armadas y los cónyuges de miembros del personal militar en servicio activo. No tiene ningún sentido gastar nuestros recursos para hacer cumplir la ley en casos de baja prioridad cuando estos recursos podrían ser utilizados y tener mayor impacto en otros casos, incluyendo casos de individuos que hayan sido condenados de delitos graves.

Por lo tanto, el DHS, junto con el Departamento de Justicia, revisará la lista de casos de deportación para eliminar aquellos casos de baja prioridad sobre la base de un análisis individual de cada caso y dar un espacio mayor para deportar a aquellas personas que hayan sido condenadas de delitos o que presenten un riesgo para la seguridad. Y, en primer lugar, tomarán medidas para dejar fuera de la lista de deportación a aquellos casos de baja prioridad. Se aplicarán pautas de sentido común para la toma de estas decisiones, como por ejemplo los vínculos y las contribuciones de una persona a la comunidad, sus relaciones familiares y sus antecedentes de servicio militar. En última instancia, esto significa una presión mayor sobre el cumplimiento de las leyes inmigratorias donde éstas son de mayor importancia, y menor donde no lo son; ésta es la manera más inteligente de hacer cumplir la ley mientras nos enfocamos en trabajar junto con el Congreso para enmendarla.

Cecilia Muñoz es Directora de Asuntos Intergobernamentales de la Casa Blanca