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Mientras que las ramas ejecutiva y legislativa son elegidas por el pueblo, los miembros de la rama judicial son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado.

El Artículo III de la Constitución, el cual establece la rama judicial, da amplia discreción al Congreso para determinar la forma y estructura del sistema judicial federal. De hecho, se ha dejado a decisión del Congreso el número de jueces de la Corte Suprema — en ocasiones ha habido tan sólo seis jueces, mientras que el número actual (nueve, con un juez presidente y ocho jueces asociados) sólo ha estado en vigencia desde 1869. La Constitución también le ha dado al Congreso el poder de crear tribunales subordinados a la Corte Suprema; con este objetivo el Congreso ha creado las cortes distritales de los Estados Unidos, las cuales juzgan la mayoría de los casos federales, así como 13 tribunales de apelaciones de los Estados Unidos, los cuales evalúan los casos de las cortes distritales que son apelados.

Los jueces federales sólo pueden ser removidos de su cargo por medio de un proceso de destitución (impeachment en inglés) en la Cámara de Representantes y un fallo condenatorio en el Senado. Los jueces de los tribunales intermedios y los jueces de las Cortes Supremas no tienen un plazo fijo — su nombramiento dura hasta su muerte, su jubilación o hasta que el Senado falle a favor de su destitución. Esto es intencional, ya que protege a los jueces de los deseos pasajeros del público y les permite aplicar las leyes desde una perspectiva única de justicia, y no por preocupaciones electorales o políticas.

En general, el Congreso determina la jurisdicción de las cortes federales. Sin embargo, en algunos casos — como en el caso de una disputa entre dos o más estados de los EE. UU. —, la Constitución le otorga jurisdicción de primera instancia a la Corte Suprema, autoridad que el Congreso no puede quitarle.

Las cortes sólo juzgan casos y controversias propiamente dichos — una parte debe mostrar que ha sido perjudicada para poder presentar su demanda ante la corte. Esto significa que los tribunales no emiten opiniones consultivas sobre la constitucionalidad de las leyes o la legalidad de las acciones si el fallo no tiene ningún efecto práctico. Los casos presentados ante el sistema judicial normalmente proceden de los tribunales distritales a las cortes de apelaciones y pueden incluso llegar hasta la Corte Suprema, aunque en comparación la Corte Suprema da audiencia a menos casos por año.

Las cortes federales gozan del poder único de interpretar las leyes, determinar su constitucionalidad y aplicarlas a casos individuales. Las cortes, al igual que el Congreso, pueden obligar a la presentación de evidencia y testimonio por medio del uso de una citación de comparecencia. Los tribunales subordinados están limitados por las decisiones de la Corte Suprema — una vez la Corte Suprema interpreta una ley, los tribunales subordinados deben aplicar la interpretación de la Corte Suprema a los hechos del caso particular.

La Corte Suprema de los Estado Unidos

La Corte Suprema de los Estados Unidos es la corte de mayor rango en el país y la única parte del sistema judicial que la Constitución requiere de manera específica.

La Constitución no estipula el número de jueces de la Corte Suprema; en su lugar, el número lo establece el Congreso. Ha llegado a haber tan sólo seis jueces, pero desde 1869, ha habido nueve jueces, incluyendo un juez presidente. Todos los jueces de la Coste Suprema son nominados por el presidente, confirmados por el Senado y sirven como jueces de manera vitalicia. Dado que los jueces no tienen que hacer campaña electoral o de reelección, se dice que están protegidos de la presión política al decidir sus fallos. Los jueces pueden permanecer en su cargo hasta su renuncia, su muerte, o si son sujeto de un proceso de destitución y el Congreso falla en su contra.

Los casos de la Corte Suprema son casi completamente de naturaleza apelativa y las decisiones de esta corte no pueden apelarse ante ninguna otra autoridad, ya que la Corte Suprema es la última instancia decisoria en los Estados Unidos en cuanto a las leyes federales. Sin embargo, la Corte Suprema puede considerar apelaciones de las cortes estatales de mayor rango o de los tribunales federales de apelaciones. La Corte también tiene jurisdicción de primera instancia sobre ciertos tipos de casos, incluyendo aquellos que implican a embajadores y otros funcionarios diplomáticos, y casos entre estados.

Aunque la Corte Suprema puede tener audiencias sobre apelaciones en cuestiones de ley siempre y cuando tenga jurisdicción, por lo general no lleva a cabo juicios. De hecho, la tarea de la Corte es interpretar el significado de una ley para decidir si la ley es pertinente a un conjunto particular de hechos, o para decidir cómo debe aplicarse una ley. Las cortes de menor rango están obligadas a seguir el precedente establecido por la Corte Suprema cuando emite sus decisiones.

En casi todos los casos, la Corte Suprema, como cuestión de derecho propio, no lleva a cabo audiencias apelativas; sin embargo, las partes deben solicitar ante la Corte una orden de revisión judicial (writ of certiorari en inglés). Es costumbre y práctica de la Corte “otorgar cert” (abreviación de certiorari) si cuatro de los nueve jueces deciden que deben tener una audiencia sobre el caso. De las casi 7,500 solicitudes de órdenes de revisión judicial presentadas cada año, la Corte normalmente otorga “cert” a menos de 150. Por lo general, estos son casos que la corte considera suficientemente importantes para requerir revisión; un ejemplo común es cuando dos o más tribunales federales de apelaciones emiten fallos diferentes en cuanto a la misma controversia de ley federal.
Si la Corte otorga certiorari, los jueces aceptan informes judiciales de las partes en cuanto al caso, al igual que de “amicus curiae” (amigos de la corte). Éstos pueden incluir grupos de gremios industriales, miembros del ámbito académico, e incluso de miembros del mismo Gobierno de los EE. UU. Antes de emitir un fallo, la Corte Suprema normalmente tiene una audiencia para recibir los alegatos verbales, donde las diferentes partes de la demanda presentan sus argumentos y los jueces hacen preguntas. Si el caso involucra al Gobierno federal, el procurador general de los Estados Unidos presenta los argumentos en representación del Gobierno. Los jueces entonces pasan a conferir de manera privada, toman una decisión y (usualmente después de un periodo de varios meses) emiten la opinión de la Corte, junto con cualquier argumento en contra que puede haberse escrito.

El Proceso Judicial

El Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos le otorga a cada persona acusada de un delito el derecho a un juicio justo ante un juez competente y un jurado conformado por otros ciudadanos.

Las enmiendas cuarta, quinta, sexta y octava de la Constitución brindan protecciones adicionales para aquellas personas acusadas de un delito. Éstas incluyen:

  • Garantía de que ninguna persona será privada de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de ley.
  • Protección en contra de ser juzgado por el mismo crimen dos veces (doble enjuiciamiento o “double jeopardy” en inglés)
  • Derecho a un juicio sin demora ante un jurado imparcial
  • Derecho a interrogar a todos los testigos y llamarles para apoyar el caso
  • Derecho a la representación legal
  • Derecho a evitar la autoincriminación
  • Protección en contra de fianzas y multas excesivas y, en contra de penas crueles, inhumanas o degradantes

Los procedimientos judiciales criminales pueden llevarse a cabo ya sea bajo las leyes estatales o federales, dependiendo de la naturaleza y el alcance del crimen. Por lo general, un procedimiento judicial criminal comienza con un arresto por parte de un agente de las fuerzas policiales. Si un gran jurado decide producir una imputación criminal, el acusado aparecerá ante a un juez para ser formalmente acusado de un delito, momento en el cual el acusado puede presentar su contestación a la acusación.

Al acusado se le otorga tiempo para revisar toda la evidencia del caso y desarrollar su argumento legal. Seguidamente, el caso se lleva a juicio y un jurado toma una decisión al respecto. Si se determina que el acusado es inocente del delito, se desestiman las acusaciones. De otra manera, el juez determina la sentencia, la cual puede incluir una pena carcelaria, una multa o incluso la pena de muerte.

Los casos civiles son similares a los casos criminales, pero en lugar de decidir cuestiones entre el estado y una persona u organización, éstos tratan con disputas entre individuos u organizaciones. En los casos civiles, si una parte piensa que ha sufrido un daño o perjuicio, dicha parte puede presentar una demanda ante una corte de derecho civil para intentar reparar el daño por medio de una orden de cese de las prácticas denunciadas, una orden de cambio del comportamiento o una orden de indemnización por daños. Después de haber presentado la demanda y de haber recolectado y presentado la evidencia de ambas partes, el caso procede a un juicio de la misma manera que en los casos criminales. Si las partes involucradas renuncian su derecho a un juicio ante un jurado, un juez puede decidir el caso; de otra forma, un jurado decide el caso y otorga indemnización por daños.

Después de que hay un juicio de un caso civil, la decisión puede apelarse ante un tribunal de mayor rango — un tribunal federal de apelaciones o una corte estatal de apelaciones. El litigante que presenta una apelación, conocido como “apelante”, debe demostrar que el tribunal de primera instancia o la agencia administrativa cometió un error legal que afectó el resultado del caso. La corte de apelaciones toma su decisión con base en el expediente del caso que establecieron el tribunal de primera instancia o la agencia administrativa — la corte de apelaciones no recibe evidencia adicional ni declaraciones de testigos. Esta corte también puede revisar las conclusiones de hecho del tribunal de primera instancia o de la agencia administrativa, pero por lo general sólo puede anular el resultado del juicio de primera instancia con base en motivos de hecho si las conclusiones fueron “claramente erróneas”. Si al acusado se le declara inocente en un juicio criminal, no puede ser enjuiciado nuevamente por el mismo conjunto de hechos.

Un panel de tres jueces decide los casos de apelaciones federales. El apelante presenta sus argumentos legales ante el panel, en un documento escrito llamado “brief” en inglés (un informe judicial). Por medio del informe judicial, el apelante intenta persuadir a los jueces de que el tribunal de primera instancia cometió un error y su decisión debe invalidarse. Por otro lado, la parte que se defiende en contra de la apelación, conocida como la “parte apelada” o “demandada”, intenta usar su informe judicial para demostrar por qué la decisión del tribunal de primera instancia fue correcta, o por qué cualquier error cometido por ese mismo tribunal no es lo suficientemente significativo para afectar el resultado del caso.

La corte de apelaciones por lo general tiene la última palabra en cuanto al caso, a menos de que envíe el caso de vuelta al tribunal de primera instancia para llevar a cabo procedimientos judiciales adicionales. En algunos casos, la decisión puede ser revisada por el pleno del tribunal (en banc) — es decir, un grupo mayor de jueces de la corte de apelaciones del circuito.


El litigante que pierde su caso ante la corte federal de apelaciones, o en la corte de mayor rango de un estado, puede presentar una solicitud de una “orden de revisión judicial” (writ of certiorari en inglés), la cual es un documento que le pide a la Corte Suprema de los EE. UU. que revise el caso. Sin embargo, la Corte Suprema no está obligada a otorgar la petición de revisión. Por lo general, la Corte acepta dar audiencia a un caso sólo cuando involucra un principio legal nuevo e importante, o cuando dos o más tribunales federales de apelaciones interpretan una misma ley de manera diferente (también hay circunstancias especiales en las cuales la Corte Suprema está obligada por ley a dar audiencias de apelaciones). Cuando la Corte Suprema lleva a cabo una audiencia sobre algún caso, las partes deben presentar informes judiciales por escrito y la Corte puede decidir si recibe o no alegatos verbales.

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